Hoy hablamos sobre la evolución del procedimiento monitorio en nuestro país, uno de los más relevantes en el ámbito judicial. Originalmente concebido como una solución rápida y eficaz para la protección del crédito dinerario, especialmente para profesionales y pequeños empresarios, el monitorio ha visto un crecimiento significativo en los últimos años. 📈
Para ilustrar su relevancia, observamos un incremento notable en los casos registrados:
655,121 en 2015
720,991 en 2019
¡1,063,672 en 2023!
Este aumento coincide con las crisis económicas recientes, aunque el año 2020 presentó una leve disminución debido a la pandemia y la suspensión procesal.
Sin embargo, el éxito del monitorio no ha sido proporcional a su crecimiento. Diversas reformas legislativas han introducido obstáculos que han afectado su eficacia. Por ejemplo:
La Ley 4/2011 implantó el archivo de casos cuando fracasaba el requerimiento de pago, una medida que desincentivó el uso del monitorio.
La Ley 42/2015 añadió un control de abusividad, complicando aún más el proceso.
Los números hablan por sí solos: en 2022, solo un 5.9% de los monitorios terminó en pago. Un 33.6% no tuvo oposición, mientras que un preocupante 59.9% concluyó en otras formas de terminación, incluidas muchas inadmisiones.
Ahora, con el Real Decreto-ley 6/2023, se busca simplificar este control de abusividad para revitalizar el procedimiento. ¿Será suficiente para recuperar la confianza en el monitorio? El tiempo lo dirá, pero es crucial que se aborden estos desafíos para que el monitorio cumpla con su propósito original de proporcionar un mecanismo rápido y efectivo para la resolución de créditos dinerarios.